Fuente: https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
Rocío Mendoza / Vanessa Casado. Abogadas.
En el Estado de Alarma en el cual nos encontramos, las medidas protectoras para personas en situación vulnerable han vuelto a olvidar a las mujeres confinadas en contexto de prostitución y Trata de Seres Humanos. Los clubs en los que trabajan están cerrados. Los pisos en los que viven en la mayoría de los casos son en régimen de alquiler abusivo y sin garantías jurídicas, y tienen la amenaza de echarlas por no abonar la renta. La mayoría de sus testimonios reflejan la misma situación paradójica, “Yo vengo a trabajar dignamente para mantener a mi familia, venimos engañadas, cuando llegamos te estrellas con la realidad. Tenemos miedo a contagiarnos del COVID-19, pero primero tenemos que comer“.
Resulta paradójico que la trata de seres humanos, y la consiguiente explotación sexual de mujeres, se contabilice a efectos del PIB pero no se haya vislumbrado una sola medida que aborde la vulnerabilidad y necesidades de sus víctimas. Desde el Gobierno Central se debe tener presente a este colectivo para abordar medidas concretas de apoyo ante la situación actual. La no inclusión de este colectivo, no sólo lo deja expuesto a los riesgos de contagio, sino que también seguirá dejando más beneficios a las organizaciones criminales disfrazadas de “empresas legales que no son más que un lavadero de dinero”. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 3 mil millones de dólares al año, siendo éste un negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginalizada[1]
¿Realmente están cerrados los clubs? ¿Realmente creemos que en los pisos las mujeres no siguen atendiendo a clientes habituales por extrema necesidad? La evidencia parece indicar que no, que siguen operando[2]. Debido a lo anterior, pudiera parecer que desde el Gobierno Central se debe tener presente a este colectivo a la hora de abordar medidas concretas de apoyo ante la situación actual dada la vulnerabilidad y necesidades de sus víctimas. También resulta preocupante que, ante la falta de voluntad política para aminorar la situación de mujeres que necesitan seguir prostituyéndose para comer, en muchos casos no tienen acceso al sistema de salud pública y se encuentran en situación irregular. Si realmente hay voluntad política, ¿Por qué todas las medidas sociales adoptadas por el Gobierno para paliar esta emergencia están destinadas a personas en situación regular?
El riesgo del colectivo se multiplica por diversos motivos. Su subsistencia depende del ejercicio de la prostitución, que en su gran mayoría lo hacen mujeres migrantes con o sin documentación, y en muchos casos son víctimas de Trata. El simple hecho de tener que alimentarse les obliga a exponerse al contagio, lo cual es un problema invisible para la sociedad. El drama social que conlleva la declaración de alarma sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, ha situado en una posición aún más precaria a un número indeterminado, pero indudablemente enorme, de mujeres que sufren la violencia estructural del sistema y del patriarcado a través de trabajos y sueldos precarios que han perdido. Estas mujeres, al igual que las migrantes, corren el enorme riesgo de que esta estructura desigual las lleve de manera inevitable a cualquier forma de explotación, incluida la sexual. No olvidemos que esto ya sucedió en la crisis del 2008. En consecuencia, las mujeres prostituidas y víctimas de Trata tendrán que resolver su dilema entre el riesgo del contagio o subsistir.
[1] Fuente: https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
[2] Marisa Kohan. 24/03/2020. Fuente: https://www.publico.es/sociedad/prostitucion-coronavirus-prostitucion-trata-mujeres-invisibles-emergencia-sanitaria.html