No dejamos de reconocer los múltiples esfuerzos del Gobierno con el fin de que la crisis creada por el COVID-19 no la paguen los ciudadanos más débiles. La idea fuerza de que nadie se quede atrás, es totalmente compartida por la abogacía comprometida. Ahora bien, tras la publicación de las numerosas normas con ese fin y sobre todo, desde la declaración del estado de alarma y en concreto la publicación del Real Decreto Ley 6/2020, hemos observado una realidad que se desajusta en relación con esos fines y de esa idea base.
Un gran porcentaje de abogados y abogadas, que no son trabajadores por cuenta ajena, ni autónomos del régimen especial, es decir, los abogados y abogadas que realizan sus cotizaciones a la Mutualidad de la Abogacía, parecen quedar atrás. Aquellos y aquellas que, aunque pudiéndose acoger a lo contenido en el mencionado Real Decreto en el caso de enfermedad y al pago aplazado prorrateado -decidido unilateralmente por la Mutua de la Abogacía-, sin embargo, al no realizar actividad alguna durante los meses de estado de alarma no van a tener ningún tipo de ingreso durante ese tiempo.
Ese colectivo numeroso queda en una situación insostenible. Además de hacer frente a los gastos de alquiler de despachos, aunque sean aplazados, a los gastos de suministros, al pago de sus impuestos, van a tener que hacer frente a ese pago de sus cuotas de Mutualistas.
No desconocemos que dichas entidades, la Mutua de la Abogacía en este caso- no es entidades públicas. No estamos pidiendo que se ayude desde el Gobierno a esas entidades, lo que pedimos es que a ese colectivo de abogados y abogadas independientes, miembros en su mayor parte de pequeños o individuales despachos, reciban la misma o similar ayuda que el resto de abogados que puedan acceder a las ayudas por ser autónomos. Y en ese sentido, no pedimos ayudas para todos y todas, solamente para aquellos que puedan acreditar esa falta de ingresos derivada a la declaración de alarma y a la falta de actividad por la misma.
La Mutua de Abogados deberá ponerse a disposición del Gobierno con el fin de poder diseñar como se van a gestionar individualmente esas ayudas, y el Gobierno deberá aprobar un montante con ese fin. Como decimos no se trata de ayudar a una entidad privada, se trata de no dejar a esa parte de la abogacía atrás.
Y no solo por el agravio comparativo que se crearía o se crea con los abogados y abogadas del régimen especial de autónomos sino, además, porque junto a estos y estas, son la abogacía independiente, la única a la que tienen acceso las clases medias y trabajadoras de nuestro país que no tienen acceso al turno de oficio- sin olvidar que muchos y muchas de
ellas también lo son del T.O. Es un segmento profesional, que de desaparecer, el Estado de Derecho encontraría un vacío a la hora de defender los derechos fundamentales de esa parte de la sociedad, que por cierto es la mayoritaria, y a la que este gobierno se ha propuesto como fin defender en sus derechos.
Por todo ello, solicitamos al Gobierno de España y a la Mutualidad de la Abogacía que busque una solución para poder ayudar de la mejor manera posible a estos ciudadanos, imprescindibles para defender los derechos del resto, y del propio Estado de Derecho.
Y les pedimos a ambos, que cada uno de ellos, -Gobierno y Mutualidad- dentro de sus funciones y sus medios contribuyan de forma concreta a hacer frente a esos desembolsos, cada uno conforme a sus posibilidades. Es momento de que todos aportemos y colaboremos en la misma dirección.
